Alaya, investigada por el Poder Judicial por su actuación en el ‘caso Betis’

La irregular actuación de la juez Mercedes Alaya en el concurso del Betis no ha pasado desapercibida para los altos organismos del Poder Judicial. Hasta tal punto, que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación a la magistrada a raíz de una queja presentada por el exconsejero delegado del club Manuel Ruiz de Lopera según publica El País. Una investigación que también afecta a su marido, el auditor Jorge Castro. Esta queja cuestiona la transparencia a la hora de designar a los administradores concursales del conjunto verdiblanco.

En el año 2010, la juez Alaya embargó las acciones de Lopera de forma cautelar al entender que había obtenido beneficio de su gestión en el Betis. Un paquete mayoritario que es administrado actualmente por Francisco Estepa. Desde ese año, la magistrada ha designado a cinco administradores concursales, siendo Bosh Valero el más incisivo, negativamente hablando, en el devenir de la entidad. La queja de Lopera se centra en Estepa, pues entiende que hay un trato de favor de la magistrada a una persona próxima a su marido. El Poder Judicial ha abierto una información previa y ha pedido a la juez un informe para que aclare el nombramiento, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
El actual administrador judicial bético coincidió con Castro en el concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez, empresa cordobesa. En varios recursos, la defensa de Lopera planteó dudas sobre la designación de Estepa como administrador judicial del Betis, pues ha mantenido vínculos profesionales con el marido de la juez. Ésta respondió el pasado 23 de octubre a las acusaciones, con una resolución en la que sostenía que la relación entre su marido y Estepa se basaban en bulos periodísticos.
Lo más grave de todo es que esta investigación por irregularidades no es la primera vez que ocurre. Según el citado medio, es la segunda ocasión en la que la magistrada y el auditor protagonizan un incidente de esta índole. En 2010, la juez fue recusada porque su marido había auditado las cuentas de la empresa Mercasevilla hasta 2002, que originó el caso ERE, y ello podía viciar la imparcialidad en el caso (Alaya se encarga del caso). A la recusación planteada por la defensa, se le unió la fiscalía, que vio un 'evidente conflicto' y que consideró 'innegable' la relación de Castro con la investigación iniciada por delito societario por Alaya. Esta remontó la investigación justo hasta 2003, un año antes de que su marido dejara de ser auditor de Mercasevilla. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla consideró que no había conflicto de intereses.
Estepa y Castro, además de coincidir como administradores concursales en Laboratorios Pérez Giménez, tuvieron una relación abogado-cliente tras una querella presentada contra ellos por la gestión que desempeñaron en dicha empresa. Estepa fue el abogado de Castro en el procedimiento que se abrió en aquella querella. Finalmente fue archivada.
Lopera subraya que la defensa de Castro por Estepa desmiente el auto de la juez. Además, sostiene que las afirmaciones realizadas por Alaya en dicha resolución son falsas, y que manifiestan así el anormal funcionamiento de su juzgado. Además, hay otro dato que corrobora el dato. Jorge Castro y Francisco estepa comparten despacho profesional en Sevilla. Según muestra El País, y consta en el Boletín Oficial del Estado del pasado 25 de junio, Estepa tiene su despacho en Sevilla en la sede de BDO dirigida por Castro. Comparten número de fax, aunque el teléfono que facilita el actual administrador judicial del Betis es de Córdoba. Alaya también nombró a Estepa administrador judicial de la firma Fitonovo, epicentro del caso Madeja, sobre el pago de comisiones a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos.
Fuentes del Consejo del Poder Judicial señalaron que el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha solicitado a Alaya un informe sobre la designación de Estepa. Una vez reciba el informe, el instructor decidirá si archiva la información previa o abre expediente, que sería elevado a la comisión disciplinaria del Poder Judicial.