Más problemas judiciales para el Racing
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El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) aprecia indicios de delitos de malversación y fraude a ente público en la causa que investiga la compraventa de acciones del Racing, de los que responsabiliza, entre otros, a los exconsejeros Ángel Agudo (PSOE) y Javier López Marcano (PRC).
La magistrada instructora ha concluido la instrucción de esta causa que se abrió en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC en enero de 2014, y aprecia que los hechos podrían constituir un posible delito continuado de malversación de fondos públicos y otro continuado de fraude a ente público, los cuales atribuye indiciariamente a quienes eran responsables de las empresas públicas CEP Cantabria y Cantur.
Como estos dos delitos de malversación y fraude a ente público deben ser conocidos por un Tribunal del Jurado, concluida la instrucción se transforma el procedimiento y se convoca a las partes a una comparecencia para concretar la imputación.
En el auto se indica que cabría calificar la malversación dentro del subtipo agravado del Código Penal por la "especial gravedad" de las cantidades sustraídas, con lo que la pena oscilaría entre los cuatro y los ocho años de prisión y una inhabilitación absoluta de diez a veinte años.
En cuanto al supuesto delito de fraude a ente público, el Código Penal prevé una condena de uno a tres años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La magistrada cree que, en el actual momento "indiciario", el supuesto delito de malversación de fondos públicos podría achacarse a Javier López Marcano, Ángel Agudo, al exresponsable de la empresa regional CEP Cantabria Luis Egusquiza y al empresario Jacobo Montalvo, mientras que el presunto fraude sería responsabilidad de esos mismos imputados y del abogado Emiliano Garayar.
En el caso de Jacobo Montalvo, la magistrada entiende que, como administrador de la empresa Dumviro -que vendió las acciones del Racing a WGA Sports-, fue cooperador necesario en la ejecución de los delitos.
Y a Garayar, que fue contratado por CEP Cantabria como asesor en esas operaciones, también le señala como cooperador necesario en el delito de fraude a ente público.
La condición de aforado de Javier López Marcano ha hecho que sea la Sala Civil y Penal del TSJC la competente para investigar estos hechos.
En el auto que se ha conocido hoy, la magistrada manifiesta que ha quedado acreditado que los imputados ocasionaron un perjuicio económico de 6 millones de euros a la empresa pública de Cantabria Cantur y otros 250.000 euros a CEP, de los que declara responsables solidarios a todos ellos por malversación y subsidiario a Dumviro.
Se trata de un auto contra el que cabe recurso de apelación o de reforma ante la magistrada instructora, que en sus diligencias ha hallado indicios delictivos en otras conductas.
