Fiscal rebaja penas a 5 hinchas PSG que admiten incidentes en Bilbao en 2011

La sección primera de la Audiencia de Bizkaia ha acogido este miércoles la primera sesión del juicio por los delitos de desórdenes públicos, daños, lesiones y atentado a la autoridad contra ocho de los nueve hinchas del PSG citados. El noveno no ha comparecido, sin haber justificado su ausencia, y su caso será objeto de una vista aparte, según ha decidido el tribunal.

Por su parte, los tres acusados para los que la Fiscalía mantiene sus peticiones de penas -de entre tres y ocho años de prisión- han negado su participación en los disturbios, aunque se han reconocido en los vídeos de los altercados visionados en la sala.

Los incidentes se registraron a partir de las 18.30 horas del 29 de septiembre de 2011, cuando medio centenar de aficionados del equipo francés tiraron las sillas de las terrazas de varios establecimientos hosteleros de la calle Doctor Areilza y rompieron lunas de varios comercios y locales, dentro de la zona de bares a la que acuden los seguidores del Athletic antes y después de los partidos, según relató entonces la Ertzaintza.

Los altercados se saldaron con cinco personas heridas, entre ellas un joven que resultó con traumatismo craneoencefálico grave. Por su parte, tres ertzainas y un gendarme francés, que había viajado a Bilbao para ayudar en el dispositivo de seguridad, sufrieron heridas leves.

En la primera sesión del juicio, celebrado con traductores y que se prolongará hasta el viernes, han declarado los ocho acusados. La Fiscalía mantiene la petición de penas para tres de ellos, que han negado su participación en los hechos. Para uno pide ocho años de prisión, para otro cinco años y para un tercero tres años por varios delitos de lesiones y desórdenes públicos, además de varias multas por daños.

Por su parte, la acusación particular, en representación del herido más grave, que sufre secuelas, solicita penas de 13 y 16 años de prisión para los dos jóvenes para los que mantiene la acusación, respectivamente, a los que también demanda una indemnización de más de 304.000 euros.

En su declaración, estos dos acusados y el tercero que no han admitido su participación en los incidentes se han reconocido en imágenes que les han sido mostradas, pero han señalado que simplemente estaban en la zona aquel día.

Uno de ellos se ha llegado a reconocer en una imagen en la que supuestamente se le veía levantando una silla, pero ha dicho que se trataba de un "efecto óptico" porque la silla estaba en el suelo.

Asimismo, ha señalado que otras personas, integrantes de un grupo "de racistas" franceses, fueron quienes protagonizaron los incidentes, al igual que ha dicho otro de los acusados, que ha declarado, en sintonía con el anterior, que la camiseta que portaban el día de los hechos y que les identificaba como seguidores del SPG la puede adquirir cualquiera y no corresponde a ningún grupo de hinchas en particular del equipo francés. "Fui detenido sin entender lo que estaba pasando" porque "no hice nada", ha sostenido.

También el tercer acusado que no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía ha asegurado no haber lanzado objetos o agredido a nadie y ha justificado que aquel día llevase un pasamontañas, aunque no puesto sobre el rostro, por el "miedo" al posible lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la policía con el fin de poder taparse la nariz.

Los otros cinco acusados para los que la Fiscalía ha pedido una rebaja de penas -inicialmente reclamaba entre 15 a 33 meses de prisión y ahora entre 6 y 12 meses de cárcel- han reconocido haber formado parte del grupo de hinchas franceses que participaron en los disturbios.

Cuatro de ellos, acusados de delitos de desórdenes, lesiones y daños, han ingresado ya 8.900 euros para hacer frente a los 11.000 euros en concepto de responsabilidad civil que se les exige, según su abogado.

En la declaración del quinto, acusado de atentado a la autoridad, se ha producido un momento de confusión al negar inicialmente que empujara a un ertzaina en el estadio de San Mamés, para a continuación reconocerlo, tras intercambiar impresiones con su letrada, con lo que la fiscal ha mantenido la rebaja de pena solicitada de 6 meses de prisión.