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Fiscal mantiene petición multa 3.600 euros a Lopera por apropiación indebida

Fiscal mantiene petición multa 3.600 euros a Lopera por apropiación indebida

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La Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de una condena de seis meses de prisión, sustituibles por doce de multa de diez euros diarios (3.600 euros), para el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera por un delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club.El Ministerio Público ha iniciado hoy la exposición de conclusiones de las partes en el juicio contra Lopera que encara su recta final tras 27 sesiones y con Béticos por el Villamarín como única acusación particular tras el pacto alcanzado el 27 de julio por el expresidente verdiblanco con el club y las entidades Por nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos.
Gracias a ese pacto, Lopera y Luis Oliver ceden al club su paquete del 51% de las acciones a cambio de más de 15 millones y tanto el Betis como las dos asociaciones renuncian a cualquier acción civil o penal contra ellos.
En la sesión de hoy ha quedado absuelto el exvicepresidente bético Ángel Martín, al retirar la acusación contra él Béticos por el Villamarín -la Fiscalía no le acusaba-, que igualmente también ha retirado la acusación penal contra Luis Oliver y sólo mantiene una petición de responsabilidad civil consistente en la restitución de 20.000 acciones (o su correspondiente valor) vendidas en su día a Bitton Sport en un contrato cuya anulación pide la asociación de Hugo Galera.
Tras 27 sesiones en las que las partes han escuchado a los acusados y a diferentes peritos económicos desentrañar la gestión del club desde 1993, el juicio se ha retomado hoy con la presencia obligada del propio Lopera -que ha rehusado hacer declaraciones- y el informe de conclusiones de la Fiscalía.
Como ya anunció tras el pacto entre partes, la Fiscalía rebaja la pena inicialmente pedida a Lopera de tres años de cárcel y tres millones de euros de indemnización atendiendo a la reparación del daño al principal perjudicado, el Betis, que se da por resarcido con dicho acuerdo.
En su informe, la fiscal Margarita Viera ha señalado que durante el juicio ha quedado acreditado que las cuentas anuales del club "no eran opacas" y estaban sometidas a varios "controles que no han evidenciado las millonarias apropiaciones que se afirmaba que concurrían durante los años de gestión de Tegasa y Encadesa".
Entre 1993 y 1999, con Tegasa como gestora de los recursos de explotación de los activos del Betis, la fiscal considera que no hay "pruebas concluyentes que avalen la existencia del desvío de cantidades" a ésta y "la descapitalización del club".
Sí considera que cuando en 1999 se encarga de la gestión Encadesa mediante "contratos simulados", se trata de una entidad creada "ad hoc para ponerla de pantalla para la gestión" que los propios Lopera y Guillermo Molina realizaban con la colaboración de María Teresa Gonzále y Mercedes Ferraro con "la única pretensión" de "mantenerse y continuar con el control del Betis hurtando al Consejo de Administración toda posibilidad de intervención en la gestión".
La fiscal acusa a Lopera de realizar estas "engañosas maniobras" en un "acto de gran deslealtad al Betis y a sus accionistas y Consejo de Administración por el quebranto de la confianza en él depositada para la gestión de sus recursos" y con "ánimo de lucro a expensas y con aprovechamiento del Betis" ya que los "contratos simulados" con Encadesa contienen "cláusulas en perjuicio del club", algo corregido por los propios acusados a partir de 2003 .
Considera que Lopera y Molina incurren en un delito de apropiación indebida, por el que pide para ambos seis meses de prisión sustituibles por 3.600 euros de multa, y a Ferrera y González colaboradoras para el mismo, por lo que les pide tres meses de prisión sustituibles por 1.800 euros de multa, aplicando la atenuante de reparación del daño y dilaciones indebidas tras casi diez años de instrucción y tras haber tardado la prueba pericial económica cinco años y medio.
Rechaza las indemnizaciones de 6 millones de euros que solicita Béticos por el Villamarín -que expondrá sus conclusiones en la próxima sesión del 15 de noviembre- al considerar "incoherente" e "incongruente" que solicite que se resarza al Betis cuando el club ha renunciado a percibir indemnización alguna.

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