El caso Valmor encara la recta final tras cerca de 4 años de investigación
Jordi Ferrer
Valencia, 29 sep .- La instrucción judicial del conocido como caso Valmor, en el que se investiga la organización de los cinco grandes premios de Fórmula 1 que acogió el circuito urbano de Valencia entre 2008 y 2012, afronta sus últimos trámites tras cerca de cuatro años de pesquisas.
La Fiscalía Anticorrupción presentó en diciembre de 2014 una querella -basada en denuncias previas de EUPV y PSPV-PSOE- contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps por supuestas irregularidades en la organización de esta gran cita deportiva.
Actualmente la investigación está dividida en cuatro piezas: tres dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 (la relativa a la organización de los grandes premios, las adjudicaciones que realizó la empresa pública Circuito del Motor y la compra de Valmor por parte del Consell), y una por Instrucción 17 (sobre el diseño y construcción con sobrecostes del circuito urbano).
En la primera pieza únicamente está investigado el expresident Camps, dado que el pasado junio se acordó el archivo de las actuaciones respecto a la exconsellera Dolores Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez "Aspar", la asesora del expresident Belén Reyero y el exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos, Nicolás Figueres.
Según han explicado a Efe fuentes conocedoras del caso, el plazo máximo de instrucción ya se encuentra vencido en esta pieza y el fiscal ha reclamado que se decrete la apertura del procedimiento abreviado.
Además, solo se está a la espera de las declaraciones del inspector jefe del Grupo 21 de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía y del interventor de la Generalitat, ambas solicitadas por la defensa del expresident, que se producirán previsiblemente durante la primera semana de octubre.
El fiscal considera "indiciariamente acreditado" que Camps, en el ejercicio de su cargo, llegó a un acuerdo verbal con Bernie Ecclestone en abril de 2006 para celebrar en Valencia el Gran Premio de Fórmula Uno "al margen de cualquier procedimiento administrativo" y sin tener competencia "como órgano de contratación".
Para ello, añade la Fiscalía, Camps solicitó al entonces presidente de Bancaja, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, que a través de la sociedad Valmor organizase el evento, "garantizándole que la Generalitat asumiría las pérdidas, comprometiendo los fondos públicos al margen de ningún procedimiento administrativo".
En la segunda pieza se investigan los contratos firmados entre Circuito del Motor SL -empresa pública responsable del circuito de Ricardo Tormo de Cheste y que también se ocupó de la organización de los cinco grandes premios urbanos de Fórmula 1 de Valencia- con determinados proveedores responsables del montaje y desmontaje de las gradas o la colocación de pantallas.
En esta pieza figura una decena de investigados, entre ellos el exsecretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig y el exdirector de Circuito del Motor Julio García.
La tercera pieza es la que analiza quizá uno de los aspectos más cuestionados, la compra de Valmor por parte de la Generalitat por 0,99 céntimos en diciembre de 2011, que permitió enjugar las cuantiosas pérdidas de la empresa privada que pusieron en marcha Fernando Roig, Aspar y Bancaja, superiores a los 40 millones de euros.
Este "rescate", que hizo efectivo el Consell presidido por Alberto Fabra tras la dimisión de Camps, está siendo todavía objeto de investigación por parte de la UDEF, si bien las fuentes consultadas han admitido la complejidad de enmarcar la decisión política de la compra de Valmor en un ilícito penal concreto.
Si el Ejecutivo valenciano del PP argumentó en reiteradas ocasiones que la compra de esta firma fue más rentable que dejar de organizar la Fórmula 1 y abonar la correspondiente indemnización, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la Generalitat era desde 2009 (el segundo de los cinco grandes premios) copromotora del evento, junto con Valmor, y que podría haber continuado con la gestión, como en la práctica hizo a través de Circuito del Motor.
La cuarta pieza, la más reciente, es responsabilidad de Instrucción 17, que investiga las adjudicaciones realizadas en 2007 y 2008 por la entidad pública de la Generalitat GTP para el diseño y construcción del circuito.
El Ministerio Público sospecha que las empresas adjudicatarias sabían de antemano que lo iban a ser, que pudieron sobornar a miembros del PP -como detalló el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en una de sus confesiones- para lograrlo y que aplicaron sobrecostes muy cercanos al límite legal.
En esta pieza constan 28 investigados, entre ellos Camps, el exvicepresidente Vicente Rambla, el exconseller Mario Flores, los exsecretarios autonómicos Victoriano Sánchez Barcáiztegui y David Serra, la exasesora Belén Reyero y los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna, entre otros, si bien las fuentes consultadas prevén una "criba" en las acusaciones.
El pasado jueves la Audiencia Nacional ordenó reabrir la pieza del caso Gürtel relacionada con las adjudicaciones que el Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps hizo a la trama corrupta, después de que el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa le señalara como el ideólogo de la financiación ilegal de esta formación en el juicio de otra de las piezas de Gürtel.