El Tribunal de Cuentas juzgará entre el jueves y el viernes a las exconsejeras del PP Trinidad Miró y Dolores Johnson y otros cuatro ex altos cargos del 'Consell' de Alberto Fabra por la compra de la empresa privada que organizó la Fórmula 1 en Valencia por un euro y la consiguiente asunción de una deuda cercana a los 24 millones.
Esta causa tiene su origen inicial en una denuncia presentada por Compromís en septiembre de 2013, que se transformó posteriormente en una reclamación de reintegro instada por la Generalitat, a través de la empresa pública Circuito del Motor y por la cual la Administración autonómica reclama el pago de esos 24 millones a Johnson, José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás y Luis Lobón.
Subsidiariamente, la Generalitat reclama 14,6 millones a estas mismas personas y a la ex 'consellera' Trinidad Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos no pagados por la empresa Valmor Sports a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010.
Según han explicado fuentes conocedoras de este tipo de procesos, es probable que no se requiera la presencia de los procesados ante la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, sino que expongan sus posiciones a través de sus representantes legales o que su comparecencia se realice por videoconferencia.
Entre los trece testigos propuestos figuran el expresidente Fabra y el exvicepresidente José Císcar, y en el caso de ser necesarias más vistas se han reservado las jornadas del 11 y 12 de abril.
Según expuso la Abogacía de la Generalitat en su reclamación, la adquisición de Valmor Sports fue "más allá de lo autorizado por la junta de accionistas" de la sociedad pública Circuito del Motor, cuyo acuerdo "solo prevé un desembolso de 0,99 euros" sin que exista "una previsión de desembolso mayor".
"Nunca debió de proponerse a la junta de accionistas la adquisición de Valmor a sabiendas de que tenía un valor contable negativo", como era unos pasivos frente a terceros de 31,8 millones y una previsión de patrimonio neto negativo de 14,6 millones, a juicio de la Generalitat.
En opinión de los abogados de la Generalitat, haber propuesto esta compra sin advertir de la deuda constituyó una conducta "realmente de gravísima negligencia", y rechaza la idea de que la adquisición de esta empresa fuera la operación más razonable para garantizar la continuidad del Gran Premio de Fórmula Uno.
Además, señala que existían otros contratos y pactos suscritos que aseguraban la continuidad de la carrera, de los que eran conocedores los responsables de Circuito del Motor, por lo que aceptar sin más esa conclusión supone, en su opinión, "una absoluta falta de diligencia".
Destaca asimismo que, desde que se inicia la relación entre Valmor Sports y Circuito del Motor en 2008 hasta que se propone su adquisición a finales de 2011, hay una dejación de funciones propias de aquellos que tenían competencia y obligación de reclamar la deuda o evitar el perjuicio para los fondos públicos.
Desde que ambas empresas suscribieron en 2008 un contrato por el que Circuito del Motor se encargaría de la organización de la Fórmula Uno a cambio de una contraprestación "razonable y equitativa" por parte de Valmor, ésta, según la Generalitat, no abonó los gastos derivados de la organización de esta prueba deportiva en los años 2008, 2009 y 2010, ni consta que se le reclamasen.
Para la Administración valenciana existe una conducta "claramente negligente" por parte de los demandados, por no haber reclamado los 14,6 millones a Valmor y haber propuesto su compra sin aportar datos relevantes, lo que, según calcula, produjo un perjuicio de 23,99 millones de euros.