La noticia que ha estremecido a más de un centenar de personas en toda España es el reciente caso de estafa que involucra a un falso importador de vehículos estadounidenses. Según un reporte del diario El Mundo, este individuo vendía automóviles a través de dos empresas, prometiendo a los compradores que los papeles estaban en regla para luego desaparecer cuando se descubría la verdad: los vehículos no podían ser matriculados en España. La situación ha dejado a los afectados en un limbo legal desesperante, incapaces de homologar o utilizar los coches que ya pagaron.
El modus operandi de este estafador, identificado como S.I., era persuadir a sus víctimas haciéndose pasar por un experto en importación y homologación de vehículos americanos. Utilizaba páginas y plataformas de venta para anunciar los automóviles, atrayendo a clientes con precios atractivos y supuestos documentos en regla. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía una red de engaños y mentiras que dejaba a los compradores en una situación de total desamparo legal.
Los afectados, que suman casi 200 personas en toda España, se encuentran en una situación desesperada. Muchos de ellos han pagado grandes sumas de dinero por vehículos que no pueden utilizar ni vender. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jesús Gutiérrez, quien tras realizar el pago por un coche en enero de 2022, se encontró meses después con la desagradable sorpresa de que el proceso de matriculación se había detenido debido a un embargo sobre la empresa vendedora.
Para Raúl Herrera, otro de los afectados, la situación es igualmente desesperante. A pesar de tener el vehículo en su poder desde noviembre de 2022, no puede circular ni venderlo debido a las complicaciones legales derivadas de la estafa. Además, se suma el hecho de que muchos de los coches han sufrido modificaciones en el kilometraje y accidentes no reportados, lo que agrava aún más la situación para los afectados.
El colapso del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, encargado del caso, ha generado una demora en el proceso judicial, dejando a los afectados en una situación de incertidumbre y desamparo. Mientras tanto, continúan buscando soluciones para poder recuperar al menos parte del dinero invertido en estos coches que, por el momento, representan más una carga que un activo para sus propietarios.