Según nuestro compañero de Canal Sur, la Seguridad Social exige un aval de 300.000 euros, algo a lo que está dispuesto Morales aunque el nazareno exige que en dicho aval también entren los exconsejeros afectados por el tema y que tienen embargados sus bienes, a lo que se oponen estos últimos. Mientras tantos, los exconsejeros piden todo lo contrario y que sea Morales, como máximo accionista, el que lo haga. En definitiva, un tira y afloja que se traduce en un no acuerdo que podría conducir a una disolución por la deuda con el ente público, que como medida extrema podría pedir el embargo de bienes y el complicado cumplimiento del convenio cerrado por Tebas.