El Ayuntamiento de Madrid, el Atlético de Madrid y Mahou San Miguel han firmado este lunes un convenio para la ejecución de la operación urbanística Mahou-Calderón, en el que se estipula que las obras de demolición del estadio Vicente Calderón comenzarán en febrero de 2019, y la previsión es de que el derribo esté concluido en torno al próximo septiembre.
Con el acuerdo firmado, se establecen las competencias correspondientes a cada una de las partes implicadas y se establece un cronograma para el desarrollo de los trabajos, que en la denominada 'Zona Mahou', ubicación de la antigua fábrica cervecera, empezarán en enero del próximo año.
El proyecto transformará este área a orillas del río Manzanares en un gran espacio urbanizado con viviendas, zonas verdes y usos terciarios.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha explicado que se ha decidido comenzar el derribo del estadio en febrero para que el grueso de los trabajos coincida con el verano y se limite su incidencia en una zona donde hay dos centros escolares.
De este modo, primero se demolerá la grada que no se apoya sobre la M-30; en mayo se iniciará la construcción del desvío provisional de la M-30 que tendrán que utilizar los conductores durante los trabajos y, a continuación, se emprenderá el derribo de la tribuna del Calderón que reposa sobre esta calle.
El concejal ha prometido que no habrá "afecciones a la movilidad" resultantes de las obras porque el desvío alternativo a la M-30 tendrá "la misma capacidad" que esta vía y un recorrido "relativamente corto".
Está previsto que en torno a septiembre de 2019 el Calderón esté demolido y puedan ponerse en marcha los trabajos de urbanización, que empezarán en la plaza de Jacinto Morago, punto más elevado del ámbito, desde donde bajarán hasta la M-30, que se cubrirá con "una losa" en la que habrá una "zona verde" con algún símbolo conmemorativo del estadio.
De acuerdo al convenio suscrito, y dado que a la M-30 la afectan dos de los principales trabajos comprendidos en el proyecto -el derribo del estadio y el cubrimiento de la calle-, las obras para devolverla a su trazado definitivo no se iniciarán hasta agosto de 2021.
Aunque la labor del Ayuntamiento en esta operación consista en "tutelar" un uso de "suelo privado", Calvo ha asegurado que el 10 % de las viviendas que se edifiquen (unas 160) serán de protección pública y se cederán al Consistorio.
También corresponderá al Gobierno municipal la gestión de las zonas verdes, los usos viarios y los usos dotacionales, entre los que Calvo ha destacado la ampliación de los dos centros escolares de la zona (el IES Gran Capitán y el CEIP Tomás Bretón) y la construcción de un centro de mayores y una zona deportiva.
En el convenio se atribuye al Atlético de Madrid la responsabilidad de ejecutar el derribo de su antiguo estadio, mientras que el Ayuntamiento se ocupará de llevar a cabo las obras de cubrimiento de la M-30.
Este proyecto transformará una superficie total de 193.804 metros cuadrados, y la intención del Ayuntamiento es que los trabajos de urbanización estén terminados a finales de 2021, de modo que sólo quede pendiente el desarrollo de las edificaciones, zonas verdes y equipamientos.
Calvo ha firmado hoy este convenio en el Palacio de Cibeles junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el presidente y el consejero delegado del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín; y el consejero delegado de Mahou San Miguel, Eduardo Petrossi.
Carmena ha recalcado que siempre se debe "escuchar" y "conciliar" para "conseguir lo mejor para Madrid", y ha reivindicado el "urbanismo del consenso" promovido desde su Gobierno municipal.
Cerezo ha agradecido su "esfuerzo" a Carmena y Calvo y ha dicho que el ámbito Mahou-Calderón "merece una reestructuración como la que va a tener", mientras que Petrossi ha augurado que el proyecto, nacido al albur de una "idea de colaboración", va a "beneficiar a madrileños y madrileñas".
Carmena presentó en julio de 2016 junto a Cerezo y la directiva de Mahou San Miguel Paloma Boceta esta nueva versión de una operación urbanística ideada en 2009 y que estaba paralizada en los tribunales.