Pamplona, 20 ene (EFE).- Los abogados de la defensa en el juicio por el supuesto amaño de partidos de fútbol que ha arrancado este lunes en Pamplona han pedido la nulidad al considerar que se ha vulnerado su derecho fundamental al juez predeterminado por la ley y de recusación, por notificárseles la modificación de la sala con un día hábil de antelación, a lo que la acusación se ha opuesto.,Los abogados han realizado esta petición en el primer día del juicio contra seis exdirectivos de Osasuna,
Pamplona, 20 ene .- Los abogados de la defensa en el juicio por el supuesto amaño de partidos de fútbol que ha arrancado este lunes en Pamplona han pedido la nulidad al considerar que se ha vulnerado su derecho fundamental al juez predeterminado por la ley y de recusación, por notificárseles la modificación de la sala con un día hábil de antelación, a lo que la acusación se ha opuesto.
Los abogados han realizado esta petición en el primer día del juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.
Acusados y defensa han ido llegando a al Palacio de Justicia de Pamplona desde las 9:00 horas sin realizar declaraciones, si bien Eduardo Ruiz de Erenchun, el abogado del exdirectivo Juan Pascual, ha señalado a su salida que confía en que se admitan sus alegaciones, que serán resueltas esta tarde.
La petición de nulidad ha sido presentada por la abogada del expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, y a ella se han adherido el resto de letrados al considerar que no han dispuesto de tiempo suficiente para poder corroborar que no hay ningún aspecto que ponga en duda la imparcialidad en el proceso de dos de las tres magistradas.
Desde la fiscalía se han opuesto alegando que se ha producido una designación de urgencia por enfermedad y que, previo a esta notificación, por “Radio Macuto” ya se conocía la modificación, por lo que la falta de recusación responde a una falta de motivos y no de plazo.
Por su parte, el abogado del exvicepresidente de Osasuna, Juan Pascual, ha pedido la nulidad por no haber recibido su cliente el emplazamiento del auto de apertura, vulnerándose así la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que ha sido rechazaado por la acusación alegando que ha estado asistido en todo momento por un procurador y un abogado y, por lo tanto, no ha existido desprotección.
La abogada del extesorero Sancho Bandrés ha pedido que se excluya a su defendido del proceso al no existir en la imputación ninguno de los hechos por los que se le atribuyen y haber estado durante el procedimiento sin saber de qué se le acusaba, señalando que en un primer momento declaró en calidad de testigo.
Como nuevas pruebas, la abogada de Archanco ha pedido la comparecencia de un apostador profesional que informó al presidente de La Liga, Javier Tebas, sobre una apuesta de 250.000 euros al empate entre Espanyol – Osasuna que podría estar relacionada con la salida de dinero por parte de Vizcay.
También ha solicitado que admita un certificado de pago al jugador de Osasuna Roberto Torres como adelanto de su ficha para explicar la salida de dinero por parte de su defendido y los correos personales de Vizcay y que le fueron leídos por el juez instructor alegando que estos sirvieron para coaccionarle en su declaración
Ha pedido también que los acusados declaren tras la prueba acusatoria, a lo que se han opuesto desde la acusación alegando que la forma habitual de proceder es la declaración previa de los acusados.
En referencia a la acusación de Liga de Fútbol Profesional (LFP), la abogada de Archanco, con la adhesión del resto de la defensa, ha señalado que debería personarse como acusación popular y no como particular al considerar que no es titular del bien jurídico ni se ha visto afectado por los hechos, lo que eliminaría su derecho a indemnización y pago de costas.
El letrado de la LFP, Francisco Martínez, ha sostenido que la entidad es perjudicada y ofendida por el delito de corrupción en cuanto que es su obligación “defender los valores de la competición”, al tiempo que ha indicado que la defensa podría haber hecho esta consideración con anterioridad, lo cual ha sido secundado por el resto de la acusación.
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