Fichajes bajo sospecha: los agentes simulaban fichar a promesas para vender más caro

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han realizado once requerimientos de información a clubes de fútbol español, entre ellos Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla FC y Real Betis, por el fraude de diez millones de euros a través de presuntos “fichajes ficticios” desde el club chipriota Apollon Limassol.

Los fichajes de los que se ha requerido información son el de Jovic (Real Madrid), Kalinic y Savic (Atlético de Madrid), Seferovic (Real Sociedad), Jovetic y Konoplyanka (Sevilla FC), Musonda (Betis), Radoja (Celta) Coric (Almería), Scepovic (Sportin de Gijón), Sadiku (Málaga y Levante) y Zdjelar (Mallorca).

Fali Ramadani, agente de Luka Jovic, entre los investigados

No obstante, las citadas fuentes precisan que ni los clubes ni los futbolistas están imputados, ya que la investigación se centra en los representantes de la agencia Primus Consultan (antes Lian Sport), Fali Ramadani y Nikola Damjanac. También están investigadas otras dos personas con vínculos familiares con ellos.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado este martes de que se han llevado actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. La investigación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

Las citadas fuentes han señalado que el Apollon Limassol es un club de fútbol chipiotra que fue señalado por Football Leaks, la web que ha destapado varias tramas de corrupción en el mundo del fútbol. El máximo accionista de este club es el agente israelí Pini Zahavi, que fue un intermediario clave en el fichaje de Neymar desde el FB Barcelona al Paris Saint Germain.

El entramado destapado para el blanqueo de capitales sitúa a la agencia Primus Consultants al frente de una operativa en la que se hacían con la representanción de jóvenes promesas de Europa del Este. En el complejo entramado societario jugaba un papel fundamental el club chipiotra debido a las ventajas fiscales de este país y a que ofrecía “fichajes ficticios” para revalorizar a los jugadores. La UCO, en colaboración con Europol y la Agencia Tributaria, ha destapado en la Operación Lánigan que el blanqueo de capitales se completaba con la adquisición de viviendas de lujo en Calviá, Mallorca.

Entramado para comprar viviendas

La investigación se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento que estos dos agentes de futbolistas vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos.

Tras realizar un seguimiento del origen del dinero a nivel internacional se pudo descubrir cómo estos agentes formaban parte de una organización criminal que realizaba fichajes ficticios –tal y como se desveló por ‘Football Leaks’– y que tenía capacidad de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Bélgica o Chipre. La semana pasada se autorizaron registros en domicilios y sedes de empresas, así como medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, bufetes de abogados y clubes de fútbol –once se han dirigido directamente a los clubes para pedir información sobre fichajes–.

En el periodo en el que se centra esta investigación, los dos agentes de futbolistas habrían introducido en nuestro país una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida, según la nota prensa de la Guardia Civil. En la operativa de introducción de dinero en España ha jugado un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal de los citados, para evitar el pago de impuestos en España.