La condena a ocho meses de prisión y dos años fuera de los estadios dictada hace una semana contra tres aficionados por insultos racistas contra Vinicius Jr en Mestalla (Valencia) marca un punto de inflexión en la respuesta judicial a estos comportamientos denigrantes que llegan desde hace años a los juzgados españoles. Desde que la Fiscalía de Barcelona presentase en 2020, tras una denuncia de LaLiga, una querella pionera por los gritos racistas que recibió el futbolista delAthletic Club Iñaki Williams en el campo del Espanyol, jueces de Madrid, Valladolid, Mallorca o Sevilla, entre otros, investigan si los ataques a jugadores por su color de piel tienen reproche penal.
El racismo en el fútbol protagoniza casi una decena de causas por delitos de odio o contra la dignidad y la integridad moral, aunque otras han ido archivándose, generalmente por la imposibilidad de identificar al autor o porque los hechos no rebasan la frontera del delito.
La Fiscalía, que también tiene investigaciones abiertas antes de llegar al juzgado, y LaLiga, que desde 2020 lleva estos casos ante la Justicia con el compromiso de erradicar el racismo de los terrenos de juego, establecieron hace meses en una reunión criterios de cooperación para luchar contra estos episodios.
Este es un mapa judicial con algunas causas, que discurren al margen de las sanciones disciplinarias, reguladas en el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e impuestas por el Comité de Competición
Hace tres años y medio, un juzgado de Cornellà de Llobregat (Barcelona) comenzó a investigar, por iniciativa de LaLiga y tras una querella pionera de la Fiscalía contra los delitos de odio de Barcelona, los ataques y "gestos de menosprecio de carácter racista" contra Iñaki Williams en el Espanyol-Athletic del 25 de enero de 2020.
Unos hechos que están a la espera de juicio y que motivaron peticiones de dos años de cárcel para el acusado.
Más ágil fue la causa de un juzgado de Valencia por los gritos racistas contra Vinicius Jr en el Valencia-Real Madrid del 21 de mayo de 2023, que poco más de un año después ya tiene sentencia: ocho meses de cárcel (sin conllevar el ingreso) y prohibición de entrar en estadios durante dos años por un delito contra la integridad moral con agravante de odio.
La sentencia, basada en un acuerdo de conformidad que incluía la petición expresa de perdón al jugador, "marca un camino muy importante" para otras causas y supone un "aviso" de que "estas cosas no salen gratis; hay un precedente", indica a EFE la fiscal contra los delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.
Un aviso para "eventuales autores", pero también para posibles víctimas, para "que sepan que no tienen que aguantarlo", que no son "lances del fútbol" y "no lo deben soportar", añade.
Fuentes de LaLiga, que no tiene competencias sancionadoras, califican la sentencia de "histórica" y subrayan su "efecto ejemplarizante" para que "una persona se lo piense dos veces antes de proferir un insulto racista en un estadio de fútbol".
Otros casos se encuentran pendientes de juicio, como el de cuatro ultras acusados de colgar un muñeco con la camiseta de Vinicius Jr en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid, para quienes la Fiscalía pide 4 años de prisión y LaLiga 2 y medio. Actualmente, tienen prohibido cautelarmente acercarse a los estadios de LaLiga durante sus partidos.
Una jueza de Mallorca investiga por delito de odio a un aficionado por los insultos racistas contra el delantero brasileño y también contra Samu Chukwueze, cuando jugaba en el Villarreal, en diferentes encuentros contra el Mallorca. El investigado fue expulsado por el club villarrealense durante tres años.
Por otra parte, la investigación sobre los gritos racistas contra el entonces jugador del Cádiz CF Carlos Akapo en un partido frente al Granada CF en 2022 ya ha finalizado y está en trámite de presentar acusación.
Pese a los intentos de las acusaciones de perseguir estas conductas, por el camino se han ido quedando algunos episodios racistas, que acabaron en archivo.
Misma vía sucedió con el caso Diakhaby, que denunció a Juan Cala por insultos racistas y que quedó en nada ante la falta de pruebas.
Ocurrió, por ejemplo, con los gritos contra Vinicius Jr en el clásico del Camp Nou en 2020, o contra Nico Williams en 2022 en el Benito Villamarín durante el Betis-Athletic.
Además de la dificultad de localizar al autor en estadios tan concurridos, para que haya un delito contra la integridad moral o de odio es necesario probar que concurren varios requisitos, como que haya una motivación racista, que tenga efectos en la persona, "por el acto de humillación", o que se incite al odio, explica la fiscal.
"No basta con un insulto racista" -expone Gisbert-, sino que hay probar que la actuación va "más allá del mero insulto puntual".
"No basta con un insulto racista" -expone Gisbert-, sino que hay probar que la actuación va "más allá del mero insulto puntual".
Aunque conscientes de estas dificultades y de la "frustración" que genera el archivo de los casos, fuentes de LaLiga subrayan su respeto por el sistema judicial "garantista" en el que nadie es condenado "sin un proceso judicial justo", y dejan claro que LaLiga no dejará de denunciar todos los actos racistas que detecte porque "esta lucha contra el racismo es una absoluta prioridad y debemos intentar proteger nuestra competición por todas las vías".