Los RFEF espera candidatos a las elecciones y el CSD puede frenar a Rafael Louzán, condenado por prevaricación

La primera jornada para presentar candidaturas a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se topó este viernes con la posibilidad de nuevas impugnaciones y la actuación del Consejo Superior de Deportes (CSD) si Rafael Louzán, inhabilitado para cargo público por resolución judicial, aunque la sentencia no es firme, da el paso.

El presidente de la Federación Gallega desde 2014, expresidente del PP en Pontevedra y de la Diputación, tiene recurrida una condena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación al conceder una subvención de 86.311 euros a una empresa para obras de mejora en el campo de fútbol de Moraña, cuando ya estaban realizadas mayoritariamente.

El organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes está a la espera de que se confirme cualquier movimiento para analizar en profundidad la sentencia condenatoria a Louzán, si finalmente remite su candidatura, ya que los Estatutos de la RFEF impiden que formen parte de sus órganos quienes estén inhabilitados para desempeñar cargos públicos (artículo 19.4).

No obstante, el reglamento electoral de la RFEF estipula (artículo 17.2,a) que no podrán presentarse quienes estuvieran inhabilitados para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo por resolución firme en vía administrativa dictada por el órgano disciplinario competente.

La RFEF y el CSD, a la espera

Fuentes del organismo que preside José Manuel Rodríguez recordaron a EFE que en sus actuaciones en relación con la RFEF "el interés general siempre ha estado por delante" y que en colaboración con la UEFA y la FIFA su voluntad es "contribuir a que el organismo recupere la estabilidad después de meses".

El secretario de Estado ya indicó hace tiempo que su perfil ideal para presidir la RFEF es el del exseleccionador Vicente del Bosque, al que el Gobierno puso al frente de la comisión de supervisión, para ejercer también funciones de representación institucional ante la situación de Pedro Rocha, al pasar a ser investigado en un procedimiento judicial y luego inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por extralimitarse de sus funciones como presidente de la Comisión Gestora.

El CSD presentó una denuncia al TAD contra el anterior expresidente de la RFEF Luis Rubiales, por posible vulneración de la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva, por abuso de autoridad y a actos públicos que atentan a la dignidad o decoro deportivos, tras la final del Mundial femenino de 2022.

El tribunal inhabilitó durante tres años a Rubiales, que ya estaba sancionado por la FIFA por el mismo motivo.

El CSD también trasladó al TAD en marzo la denuncia de un tercero, el presidente del Comité Nacional de Entrenadores (CENAFE), Miguel Galán, contra Pedro Rocha por posibles irregularidades, que el tribunal estimó y cerró con dos años de inhabilitación a Rocha.

Esta inhabilitación, para la que Rocha ha pedido tres veces sin éxito la suspensión cautelar, le impide presentarse a las elecciones.

Rafael Louzán, el favorito en las elecciones

En su ausencia, con la figura de Rafael Louzán consensuada por la mayoría de las federaciones territoriales y el resquicio de que su condena no es firme, el proceso electoral parece abocarse de nuevo a recursos sobre la legitimación de este para ejercer como primer responsable de un organismo que desarrolla funciones públicas delegadas.

El martes 3 finaliza el plazo para la presentación de candidaturas y un día después la Comisión Electoral hará su proclamación. En caso de haber un único candidato, será proclamado presidente. La normativa exige tener 21 avales para poder presentarse.

No obstante, desde la proclamación y hasta el día 6 se podrán presentar recursos ante el TAD, que debe resolver los mismos en el plazo de los 5 días naturales siguientes.

La normativa no refleja qué ocurriría si Louzán es el único candidato proclamado y después su candidatura es recurrida y el TAD inicia un expediente que puede desembocar en inhabilitación.

Lo que prevé la orden ministerial es que "cuando quien ostente la presidencia sea suspendido o inhabilitado por resolución definitiva por un período igual o superior al que resta para agotarse el mandato, siendo éste igual o superior a seis meses, procederá la convocatoria de elecciones a la presidencia de dicha federación, salvo que se suspenda la ejecutividad de la resolución sancionadora".

La UEFA y la FIFA, que el 11 de diciembre votará la confirmación de España como organizador del Mundial 2030 junto a Marruecos y Portugal, exigieron el 2 de octubre en una reunión en Madrid a la RFEF y al Gobierno español que se normalizara la situación y advirtieron con actuar si esto no ocurría.