Andan Luis Oliver y su equipo buscando adeptos para no verse destronados de su posición actual en el Betis. Sin embargo, mientras llega ese momento siguen dando pasos sellados de populismo pero a su vez muy meditados para entorpecer la labor del futuro consejo de administración que salga tras dicha Junta. Uno de esos acuerdos es el cambio de nombre del estadio. El comunicado oficial publicado en la web del conjunto bético explicaba que "se aprueba por mayoría el cambio de nombre al estadio, y se asumirá el que decidan los socios por mayoría en votación pública, que se celebrará coincidiendo con la celebración de un próximo partido oficial a celebrar en casa. La fecha concreta será puesta en conocimiento de la afición y todo ello sin perjuicio de la preceptiva ratificación en Junta General de Accionistas". En este sentido, los administradores judiciales del paquete accionarial mayoritario serán quienes aprueben, o no, dicho cambio. Para ello acudirán con la mayoría a dicha Junta. Sin embargo, en este caso concreto el asunto tiene una importante trampa para Gordillo, Porrúa y Huidobro, y es la siguiente. Supuestamente ellos deben ser objetivos y neutrales en todo este asunto, y así se lo hizo saber la jueza Alaya cuando aceptaron el cargo. Resulta obvio por tanto que votar a favor o en contra de eliminar el nombre de Manuel Ruiz de Lopera del estadio implica una dosis importante de subjetividad, y ante esa tesitura se encontrarán los citados administradores.
