El ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha anunciado que no pagará los 25 millones de euros como exige el Valencia por la anulación del programa de actuación integrada (PAI), decretada en sentencia por el Tribunal Supremo en junio del pasado año, según ha anunciado hoy el consistorio en un comunicado. Por su parte, el club con el que ha contactado ElDesmarque, se remite a la información que ya publicamos ayer y repite que el requerimiento presentado es una maniobra jurídica asegurarse que le devuelven el dinero si finalmente no se realiza el PAI.
El club pretende preservar su derecho de resarcimiento ante Ayuntamiento y Generalitat (pues invirtió 25 millones de euros para promover y gestionar el PAI y con él la nueva ciudad deportiva del VCF) antes de que se cumpla el plazo e un año que prevé la Ley para ejercer estas acciones.
Con esta decisión, el Valencia pretende preservar su derecho de resarcimiento ante las dos administraciones (pues invirtió 25 millones de euros para promover y gestionar el PAI y con él la nueva ciudad deportiva del VCF) antes de que se cumpla el plazo e un año que prevé la Ley para ejercer estas acciones.
La entidad valencianista no quiere que le paguen los 25 millones, sino que el nuevo PAI presentado se lleve adelante. En este sentido, hay que recordar que el nuevo plan se encuentra actualmente en la conselleria de Medio Ambiente para se pronuncie sobre un posible impacto ambiental y sobre la viabilidad técnica del proyecto urbanístico.
Sin embargo, desde el ayuntamiento añaden que no consta una cláusula que disponga el reintegro de las cantidades cobradas en caso de que los tribunales anulen el plan urbanístico y que los 25 millones "se aportaron voluntariamente por la empresa a su riesgo y ventura, se vinculan únicamente a la tramitación del PAI de Porxinos y se abonaron cuando se aprobó definitivamente por parte de la Generalitat".
Desde Riba-roja se recuerda que esta cantidad se debía destinar para realizar diversas actuaciones de interés público en el municipio y que en principio, "la intención inicial es la de no atender esta petición" del Valencia. Es más, reconoce en un comunicado el consistorio que "ni se construyó un nuevo centro de salud en el casco urbano para ofrecer atención ante el crecimiento poblacional de los últimos años ni tampoco se ha llevado soterrado el metro al centro del casco urbano como se prometió" y culpabilizan al anterior gobierno de dichas carencias.
El Valencia, entretanto, apela a la concordia y mantiene "la firme voluntad de seguir manteniendo una excelente relación institucional con la Generalitat Valenciana y con el Ayuntamiento de Ribarroja, pero siempre poniendo en primer lugar la defensa de los intereses del Club", acaba el comunicado del Valencia al que ha tenido acceso ElDesmarque.
El club pretende preservar su derecho de resarcimiento ante las dos administraciones (pues invirtió 25 millones de euros para promover y gestionar el PAI y con él la nueva ciudad deportiva del VCF) antes de que se cumpla el plazo e un año que prevé la Ley para ejercer estas acciones.
El Valencia invirtió y quiere asegurarse si el PAI no va adelante: 5'4 millones en concepto de derechos de aprovechamiento de los terrenos; 15 millones en inversiones de mejora en la piscina, en el centro de salud, la rehabilitación del molino junto al río y las aportaciones para el metro; 4 millones para gastos generales de tramitación del plan; y, por último, alrededor de 1 millón por indemnizaciones a propietarios afectados.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria creó una comisión de investigaciónpara que depure posible tráfico de información privilegiada en el proceso de compra de los terrenos por parte del promotor del programa urbanístico.
Para ello ha citado a declarar al ex alcalde Francisco Tarazona, y a los ex presidentes del Valencia Juan Soler, Manuel Llorente y Amadeo Salvo, además del ex conseller Rafael Blasco, ahora en prisión por corrupción.