Santi Mina, ante el juez: piden ocho años de cárcel

Santi Mina se sienta este lunes en los banquillos por primera vez esta semana por la acusación de agresión sexual que se produjo en la madrugada del 16 de junio de 2017. En la vista, que se desarrollará los próximos días 28, 30 y 31 de marzo por la presunta comisión de un delito de agresión sexual, el ministerio fiscal acusará únicamente a Santi Mina, que actualmente milita en el Celta de Vigo, mientras que la acusación particular lo hará también a David Goldar, jugador del Ibiza, como cooperador necesario. El juicio se producirá a puerta cerrada este lunes, mientras que miércoles y jueves será a puerta abierta.

Los hechos, según el escrito de la Fiscalía, ocurrieron en la madrugada del 16 de junio de 2017. Por aquel entonces, el gallego jugaba en LaLiga Santander con el Valencia CF. Presuntamente, Santi Mina aprovechó que su amigo David Goldar se había ido con una mujer a la caravana que tenía estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar (Almería) para entrar al vehículo y agredirla sexualmente.

Le piden ocho años

El Ministerio Público pide para Santi Mina ocho años de prisión por un delito de agresión sexual. También solicita una orden de alejamiento de 500 metros durante diez años y que se le imponga la medida de libertad vigilada durante otros diez años al futbolista.

Aunque a finales de diciembre de 2019 el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera (Almería) acordó incoar sumario por un presunto caso de agresión sexual contra los dos futbolistas, finalmente David Goldar solo es acusado por la acusación particular.

Según ha indicado a EFE el abogado de la víctima, Iván Bolaño Piña, la acusación en el caso de Goldar se basa principalmente en que éste, “habiendo podido evitar la acción, en ningún momento hizo absolutamente nada para evitar la agresión sexual”, por lo que se considera que fue cooperador necesario de Mina.

Por ello, la acusación particular pide para ambos nueve años y medio de cárcel. A parte, el resto de medidas accesorias ya solicitadas por el Ministerio Público, como son las órdenes de alejamiento o la medida de libertad vigilada durante diez años tras la pena y el resarcimiento económico a través de la responsabilidad civil que se fije judicialmente.