Rubiales, la Federación y el Valencia CF han protagonizado sonoros encontronazos en los últimos tiempos. Los tribunales ahora les separan.
El Valencia presentó el pasado 3 de octubre la demanda final contra la Federación Española de Fútbol por considerar desigual el reparto de fondos a los participantes en la Supercopa de 2019, según confirmó este martes el club de Mestalla. Es la última andanada de una guerra que empezó hace 3 años, una guerra que dura más de mil días y que, desde esa fecha, se ha recrudecido hasta puntos insospechables e irrespirables. Este es el punto que, cada vez que un arbitraje perjudica al conjunto de Mestalla, la duda sobre si la mano de Rubiales está detrás se ha instaurado entre la afición valencianista. Pero es que los encontronazos por ambas partes no dejan de sucederse. El último, los mensajes de whatsapp en los que el presidente reconocía que el Valencia CF era uno de los equipos que peor le caen.
El caso es que, desde que en su día el Valencia criticó al cambio de modelo que se estableció ese año para la Supercopa, que pasó de dos a cuatro participantes (se invitó al Real Madrid y a Atlético de Madrid) y que disminuía sus opciones de triunfo, y especialmente lo hizo por estar el torneo ya en marcha y tener contendientes, el club de Mestalla y el Barcelona. Además, se opuso al reparto económico que propuso la RFEF por corresponderle menos dinero que a los otros tres equipos que tomaron parte en el torneo y accedió a disputarlo pero dejando constancia de su disconformidad.
Aunque los audios entre Piqué y Rubiales crearon revuelo sobre la Supercopa en Arabia, el único club que puso en su día el grito en el cielo y todavía sigue adelante es el Valencia CF. Fue fundamentalmente por el reparto de la cuota de beneficios que se hizo entre los clubes que la disputaron. El pasado mes de junio, fuentes del club explicaban a ElDesmarque Valencia que "los audios de El Confidencial refrendan nuestra defensa de que en la Supercopa de 2019 hubo un reparto arbitrario, que no hubo acuerdos de la asamblea (no fueron aprobados en junta) y que esto se repartió en conversaciones de WhatsApp. Nuestra demanda era una defensa por el fútbol español, fuimos los primeros afectados, pero después han venido otros, como el Athletic Club. En contra de los perjuicios que podría tener, el club fue adelante, no aceptó minucias las negociaciones y club se ha mantenido firme", aseguran en referencia a que la demanda siguió su curso. Y es que, el pasado 11 de enero el juez encargado del caso determinó que el Valencia debía tener acceso a la prueba documental, desde los contratos de la RFEF con Arabia Saudí a los de las televisiones y a los firmados con los otros clubes, para poder detallar en su demanda el dinero que cree que le corresponde. Fuentes del club aseguraron que la Federación retrasó la entrega de esa documentación e hicieron falta varios requerimientos para que finalmente completara el proceso este pasado 2 de septiembre.
La entidad de Mestalla, que asegura que se le han impuesto unas costas al organismo federativo por una actuación dilatoria, tenía veinte días hábiles para ratificarse y presentar la demanda final, algo que realizó el pasado 3 de octubre. Es, hasta la fecha, la última batalla de una guerra que tuvo y tendrá más ecos.
En estos tres años se han vivido varios episodios en los que el Valencia y la Federación han chocado frontalmente. Sirva por ejemplo cuando el Comité de Competición de la RFEF, tras la jornada 29 de LaLiga Santander de hace dos temporadas y después de analizar el caso Cala-Diakhaby, abrió expediente extraordinario a Cala que quedó en nada, tras recibir el informe de Integridad y también escrito del Valencia CF. El comité recuerda y razona su decisión por "tener indicios mínimos razonables de la comisión de una infracción, apreciándose en este caso". Sin embargo, eso no sirvió para que el jugador del Cádiz fuera sancionado y el proceso deportivo 'normal' siguió su curso y se le mantuvio la cartulina amarilla al jugador del Valencia CF, amonestado por reaccionar de forma airada tras recibir supuestamente un insulto racista, como él mismo denunció.
Además el asunto quedó en nada, eso sin contar con las declaraciones de Munuera Montero en la semifinal de Copa en las que cuestionaba las formas de Diakhaby como jugador.
El club, que emitió un duro comunicado asegurando "Juan Cala no te creemos", como máximo, logró que se estudiara la implantación de un protocolo contra el racismo. El 'caso Cala-Diakhaby' podría ser un punto de inflexión a partir del cual, la normativa sufra un cambio sustancial a este respecto ya que el Valencia pide que no sea la víctima la que dictamine qué hacer, un. protocolo que explique a los colegiados cómo actuar en este caso y que haya una seria amenaza para aquel que pronuncie un supuesto insulto racista (Una pérdida del partido, una pérdida de puntos y que el jugador sepa que si insulta a su compañero de manera racista, se puede ver en la situación de que incluso le puedan dar el partido por perdido). Que se sepa claramente la forma de proceder cuando se produzca. Aún no ha llegado.
El siguiente encontronazo se produjo en la primavera de 2022 con el reparto de entradas para la final de Copa. El club consideraba que la Federación se quedaba más de las que inicialmente correspondían a cada equipo. Tras un primer cruce de declaraciones, se emplazaron a una segunda cita en la que Anil Murthy no acudió.
Y es que, desde el club aseguran que en la reunión en Madrid previa a la final de Copa de 2022, le ofrecieron más entradas al Valencia CF a cambio de retirar la demanda de la Supercopa. Ya en aquel tiempo, hace apenas unos meses, el club reiteró su intención de denunciar la posición de abuso de la RFEF en su condición de monopolio en el reparto, que fue arbitrario y como se demuestra en los audios, no fueron aprobados ni en la junta que presidía Rubiales ni en ningún sitio.
Hasta esta semana, el penúltimo capítulo del asunto fue el asunto de usar a Gayà, un futbolista ímprobo y ejemplar como chivo expiatorio para cortar de raíz las declaraciones contra los árbitros.
A tes días para que el Valencia CF diera el pistoletazo de salida en LaLiga Santander, club y José Gayà logran saber con estupor que el lateral está sancionado después de que Apelación ratificara su sanción el pasado 14 de junio y que se recurriese al Tribunal de Arbitraje Deportivo dos semanas más tarde. Es por ello que el Valencia CF presentó al TAD medidas cautelares para que Gayà pueda estar en el inicio de la competición doméstica. El club, tal y como ha podido saber ElDesmarque, esperaba respuesta hace semanas y finalmente hoy al mediodía ha llegado la resolución. En ese sentido, había malestar en el club pues, hay expedientes presentados más tarde que el de Gayà que ya han sido resueltos. En concreto, el de Gayà estuvo sin solucionarse tras 45 días desde que le sancionaron.
A Gayà le cayeron cuatro partidos por las palabras de aquella tarde ante el Osasuna, contra Melero López que desesperó tanto a la plantilla como al valencianismo: "Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante". Ni los precedentes de otros casos como el de Álvaro Cervera sirvieron para salvar a Gayà que fue claramente perjudicado, poniendo en duda incluso su presencia en el Mundial.
La resolución, y a eso se acoge el Valencia, explicaba lo siguiente: "La resolución sancionadora se basa en un juicio subjetivo sobre la intencionalidad del recurrente no basado en la literalidad de las palabras empleadas. Existiendo, por tanto, una duda razonable en la intencionalidad de las manifestaciones realizadas se deben aplicar los mismos principios que aplica el comité, esto es el principio de “in dubio pro-reo” y presunción de inocencia. Ahora el TAD, la Federación ha hecho caso omiso a la demanda que es igual y castiga a Gayà y al Valencia.