Las uniones de federaciones deportivas autonómicas piden reunirse de urgencia con el CSD

Las uniones de federaciones deportivas españolas se han reunido este jueves en Barcelona para pedir una reunión urgente con el Consejo Superior de Deportes (CSD) después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la licencia única donde les daba la razón en sus reivindicaciones.

 
El encuentro también ha servido para analizar el impacto de esta sentencia y trabajar sobre las demandas por los agravios legislativos vigentes que sufre el deporte a nivel autonómico en España.
Andalucía, Castilla y León, Catalunya, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco son las uniones de federaciones que se han reunido en la sede de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) para establecer las bases en la cooperación y la defensa del mundo del deporte a escala estatal.
El Alto Tribunal estableció en una sentencia del 12 de abril la derogación del sistema de licencia única fijado por el artículo 23 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, admitiendo parcialmente un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña. El TC considera que el nuevo sistema de emisión de licencias federativas que quiso implantar el CSD no puede tener los efectos “horizontales” que pretendió porque la competencia en ordenación del deporte corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas.
En todo este tiempo han sido muchas las federaciones perjudicadas. En Cataluña, por ejemplo, la Federación Catalana de Triatlón pasó de pagar 6.500 euros en concepto de licencias y cuota de afiliación a pagar los casi 40.000 que su homóloga española le reclamó cuando ya había empezado la temporada 2014-2015. Ahora tiene en marcha un contencioso donde le reclaman diferentes importes por la temporada 2016. El caso de la Federación Catalana de Billar es otro ejemplo, donde también existe un contencioso abierto con la federación española que le reclama 9.720 euros y por el cual echaron a la catalana en contra de las resoluciones del mismo CSD.
También hay casos en otras comunidades. En Andalucía, la federación de billar perdió 400 licencias de niños; en Madrid, la federación de discapacitados físicos pasó de 600 a 200 licencias, con el perjuicio de exclusión social de muchos deportistas que se quedaron en casa; y en Galicia, la federación de Béisbol y Softbol vio reducido en un 25% el número de licencias.

Una sentencia que no se puede recurrir

Estos son sólo dos ejemplos de la aplicación de una norma por la cual ahora se tendrá que dar marcha atrás. Las federaciones autonómicas han sufrido mucho por el sistema de licencia única. Recordamos que la sentencia del TC no se puede recurrir porque se trata de un recurso de inconstitucionalidad y es el único tribunal competente para resolver este conflicto. Por todo ello, las diferentes uniones de federaciones pedirán una reunión urgente con el presidente del CSD, José Ramón Lette.

Agravios al deporte

Por otro lado, el grupo de entidades también ha hecho un repaso de los agravios que determinadas modificaciones legislativas están provocando en la actividad de clubes, deportistas y federaciones. La licencia única era el primero de los diferentes perjuicios denunciados. Desde el 2014, las diferentes uniones de federaciones han liderado las demandas por el malestar generado al sector deportivo. En esta línea, se reclama:
1. Voluntariado deportivo: continúa sin regulación específica en la que se reconozca la singularidad del deporte y se adapte a la realidad de la práctica amateur. Pedimos la introducción de la figura del “pocket money”, una práctica que en la Unión Europea ya se lleva a cabo en temas de voluntariado y que permite, además de pagar al voluntario los gastos de la actividad, una gratificación mensual determinada (140 euros según Erasmus Plus Programme Guide) por la tarea que hace.
2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): el 2012 se subió el IVA de los servicios deportivos del 8 al 21% y ha ido en perjuicio de particulares, empresas y clubes no reconocidos como de carácter social. Pedimos volver al tipo reducido del 8% para facilitar el acceso al deporte, sea quién sea el prestamista del servicio, puesto que la práctica deportiva es una actividad de interés general que mejora en su conjunto la salud de las personas y fomenta los hábitos saludables.
3. Impuesto sobre sociedades: la ley prevé la exención para entidades sin ánimo de lucro con ingresos que no superen los 75.000 euros anuales, no ingresen más de 2.000 euros al año en concepto de rentas no exentas, y que estas rentas no exentas tengan retención. A la práctica, este tercer condicionante hace inoperante cualquier excepción, y cualquier ingreso de un club se ve afectado. Pedimos la exención total para entidades sin ánimo de lucro que no superen los 100.000 euros anuales sin más condicionantes.
4. Responsabilidad civil en competiciones de carretera: la legislación vigente (modificada el 2015) obliga a las carreras por carretera acreditar una cobertura de 70 millones de euros para deportistas que participen en estas competiciones sin vehículos de motor. De este modo la ley equipara el riesgo asegurable de un ciclista o de un atleta al hecho de la conducción. A pesar de esto, las compañías aseguradoras no ofrecen seguros deportivos por estos importes. Ahora, sólo Cataluña está en una situación de desajuste pues los deportistas catalanes se acogen a la RC de los organizadores mientras no se resuelve el compromiso político de impulsar una modificación legislativa.
5. Ley de costas: la ley se modificó el 2013 para mejorar los criterios por la ocupación del dominio público marítimo terrestre, pero no ha dado solución a las entidades deportivas que desde más de una década buscan legalizar su situación en las playas españolas. En Cataluña, 45 clubes náuticos o marítimos se encuentran en situación de precariedad.
6. Ley de transparencia: las necesarias leyes para la buena gobernanza de la administración ha provocado un aumento de la burocratización de entidades deportivas sin ánimo de lucro con poca estructura profesional. Se pide un plan de formación y monitorización a las entidades sujetas a la ley.