Ley del Deporte de Andalucía: regulación por ley de los servicios deportivos
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley del Deporte de Andalucía, que regula por primera vez la obligatoriedad de que los distintos servicios deportivos sean prestados por profesionales cualificados, además de incluir medidas contra el dopaje.
La nueva norma, que sustituye a la de 1998, pretende salvaguardar la salud y la seguridad de los usuarios de centros deportivos, gimnasios, piscinas y todo tipo de servicios deportivos, para lo que se fijarán los título oficiales, las cualificaciones y el ámbito funcional de cuatro profesiones: profesor de Educación Física, director deportivo, entrenador y monitor.
Respecto a la lucha contra el uso de sustancias que adulteran la práctica deportiva, la ley establece la creación de la Comisión Andaluza Antidopaje y fija la obligatoriedad del control a los deportistas con licencia.
En conferencia de prensa, el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha calificado esta norma de "innovadora, de futuro y garantista" en un momento en el que se ha pasado de los "espectadores de evento" a los "ciudadanos deportistas" del siglo XXI, como demuestran las estadísticas, que indican que un 42,3 % (más de tres millones de personas) practican deporte en Andalucía.
La Comunidad andaluza adaptará su ordenamiento jurídico a esta nueva realidad, que ha permitido extender una red de más de 14.000 instalaciones públicas y consolidar una estructura asociativa con 61 federaciones y 2.000 clubes, ha destacado el consejero.
Andalucía, que según Alonso es la comunidad que "más ha progresado" en este ámbito, cuenta con el mayor número de licencias de deportistas (564.000) y de clubes federados (11.023).
A partir de la consideración del deporte como un derecho que debe garantizarse en condiciones de igualdad, seguridad, salud y calidad, el proyecto aprobado hoy introduce una nueva clasificación que otorga cobertura jurídica no sólo a la competición federada, sino también a las actividades deportivas de ocio y a las competitivas que no tienen carácter oficial, como las carreras populares.
Así, para estas últimas se establece un control previo dirigido a asegurar la protección de los participantes y su celebración deberá ser comunicada con antelación a la Junta o a la entidad local.
En esta misma línea "garantista", y como medida "pionera" en España, la ley andaluza definirá también el Catálogo de Derechos y Deberes de los Deportistas.
Entre los primeros destaca el relativo a la información y la orientación, mientras que los deberes se centrarán en respetar los principios de igualdad y en fomentar los valores sociales.
Otra novedad es la creación de una tarjeta sanitaria específica para el deportista federado, que recogerá toda su información médica, especialmente reconocimientos, pruebas de esfuerzos y controles de dopaje.
En este último aspecto, la nueva norma cubrirá una "laguna" de la legislación vigente y así dispone de medidas de prevención y lucha contra el uso de sustancias y métodos que adulteran la práctica y ponen en riesgo la salud del deportista.
Entre otras previsiones, se creará la Comisión Andaluza Antidopaje, se publicará un listado de sustancias, grupos farmacológicos y métodos prohibidos, y se fijará la obligatoriedad del control a los deportistas con licencia.
Otro organismo similar se centrará en prevenir y combatir la violencia, el racismo y la xenofobia en la práctica deportiva.
Otra novedad es la incorporación de disposiciones para promover la I+D+i más allá del ámbito académico, de forma que uno de los objetivos será aprovechar al máximo las investigaciones que desarrolla el Instituto Andaluz del Deporte, especialmente en medicina, aplicaciones tecnológicas y mejora de gestión.
En cuanto a las instalaciones deportivas públicas, sus proyectos de construcción, reforma, ampliación y gestión deberán contar, también por primera vez, con controles para su adecuación a los principios de sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Para avanzar en el proceso de modernización y transparencia de las federaciones deportivas se aprobará un Código del Buen Gobierno y se creará el Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas, órgano de participación en las políticas autonómicas sobre la materia.
Asimismo, se creará el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía como única entidad de recepción y tramitación de recursos administrativos, con el fin de lograr una mayor eficiencia en la resolución de litigios en este ámbito.
En materia de igualdad, la ley recoge medidas para fomentar la práctica deportiva de personas con discapacidad y favorecer su integración, así como programas específicos de impulso al deporte femenino y de acceso de las mujeres a niveles de responsabilidad.
Para ello, la ley establece que la presencia de las mujeres en las juntas directivas de las federaciones sean al menos proporcional a su número de licencias (actualmente cuentan con más de 120.000 en Andalucía).