Aprobada PNL para adaptar cuantías de indemnización de seguro obligatorio
La Comisión de Educación y Deporte del Congreso aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley sobre medidas para garantizar la salud en el deporte y la adaptación de las cuantías de indemnización del seguro obligatorio deportivo, dadas las diferencias con países del entorno de España.La tetraplejia sufrida por el jugador de rugby Alberto Alaiz en un partido de la cuarta división de madrileña y la indemnización de 12.000 euros que le corresponde según la ley, fueron claves para impulsar la iniciativa que formalizaron los diputados socialistas Javier Antón y Begoña Tundidor el pasado 20 de diciembre.
"Los seguros no están cubriendo de una manera digna las necesidades de los deportistas federados que sufren lesiones de cierta importancia o una discapacidad permanente", ha denunciado en el Congreso Antón, portavoz socialista de Deporte.
"Algo no hemos hecho bien cuando pasados 25 años desde la aprobación de la regulación del Seguro Obligatorio Deportivo no se han revisado las cuantías ni se han adaptado a los riesgos de las distintas modalidades deportivas", ha señalado el diputado socialista, que también ha criticado la "dejación de funciones por parte del Gobierno" en esta materia.
La iniciativa, que recibió respaldos como el de la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la plataforma de deportistas, insta al Gobierno a actuar un plazo de seis meses para adaptar a las distintas modalidades deportivas y actualizar las cuantías indemnizatorias, "para equipararnos al resto de países de la UE", según la previsión de estudios y riesgos recogida en la ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje.
En una comparativa con otros seis países, España figura en estos momentos como el que tiene la indemnización más baja ante una lesión de tetraplejia en rugby con la cifra de 12.000€. Francia es el que abona la cantidad más alta con 4,5 millones€, seguido de Irlanda (850.000€), Escocia e Inglaterra (645.000€) e Italia (120.000).
La proposición pide también la aprobación de un plan de apoyo a la salud dentro de la actividad deportiva, que determine los riesgos comunes y específicos, según las diferentes necesidades de mujeres, hombres y menores de edad, así como a las específicas por razón de discapacidad, y las medidas de prevención, conservación y recuperación que puedan requerirse según los riesgos detectados.
Un protocolo de actuación en deportes federados sobre la asistencia sanitaria y los dispositivos mínimos de ésta que debe haber en competiciones deportivas, figura también en la PNL, además de impulsar acuerdos con sociedades científicas, centros y profesionales de la medicina para estudiar las disciplinas con importantes riesgos para garantizar la salud del deportista.
También reclama la implantación a lo largo de este año de los reconocimientos médicos previos obligatorios a los deportistas federados y de la tarjeta de salud del deportista, junto a un acuerdo con las mutuas colaboradoras con la seguridad social sobre programas de atención sanitaria a los deportistas, curación y recuperación de lesiones posibles.
Además defiende un régimen de sanciones a las federaciones por incumplimiento de la obligación de suscripción o entrega del certificado individual del seguro obligatorio a los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal u otras que sean competencia de éstas.
El grupo Socialista recordó que el Real Decreto 849/1993 que regula el seguro obligatorio deportivo dicta que la primera actualización de las indemnizaciones debe hacerse en un plazo de tres años, aunque "pasados 25 años no se ha procedido a la misma".
Alberto Alaiz, que sufrió el accidente hace algo más de dos años, envió una carta a los grupos parlamentarios en la que expuso su caso y denunció la falta de información a los deportistas por parte de las federaciones sobre la cobertura de los seguros, como le ocurrió a él en rugby,y la necesidad de actualizar la legislación en España.