Urdangarin ingresa en la cárcel de Brieva (Ávila)
Urdangarin, doble medallista olímpico (bronce con España en Atlanta'96 y en Sydney 2000), llegó anoche al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Ginebra (Suiza) y podía elegir el centro penitenciario para cumplir la condena como cualquier ciudadano que en el momento de ingresar se encuentre en libertad.
La prisión de Brieva, situada a 7 kilómetros de la ciudad de Ávila y en la que cumplió condena el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, era una de las cárceles que se barajaban para el ingreso de Urdangarin.
Se construyó en 1989, y con 43.540 metros cuadrados, es un centro de pequeño tamaño con 162 celdas y 18 complementarias, según datos de Instituciones Penitenciarias.
El miércoles pasado, un día después de que el Supremo confirmara la sentencia de este caso de corrupción, la Audiencia de Palma, el tribunal que le condenó en primera instancia, le entregó en mano el mandamiento judicial por el que ordenaba su ingreso en prisión y en el que le daba cinco días para presentarse voluntariamente, plazo que vencía hoy.
Ahora lo normal es que pase por todos los trámites del primer ingreso. Se le hace una ficha y es reconocido por el servicio médico, además de ser entrevistado por un equipo multidisciplinar formado por trabajadores sociales y psicólogos que le evalúan.
Lo habitual es que el preso pase la primera noche en el módulo de ingresos y después se le traslade al más adecuado. Probablemente, y dadas sus características, al conocido como "de respeto", donde el interno, al que se clasifica en segundo grado, acepta unas normas de comportamiento e higiene y de organización de la vida diaria en esa instalación.
De todos modos, la prisión puede analizar si la cárcel que ha elegido Urdangarin es la más apropiada y, acogiéndose al artículo 75 del Reglamento Penitenciario, Instituciones Penitenciarias puede decidir cambiarle si considera que la escogida por el condenado no es la idónea para salvaguardar la seguridad del interno o el buen orden del centro.
El Tribunal Supremo ratificó el martes pasado la condena inicial de la Audiencia de Palma por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absolvió de falsedad en documento público, con lo que rebajó en cinco meses la pena de privación de libertad, que es en total de 5 años y 10 meses.