Hasta 600.000 euros de multa por saltarse el estado de alarma

La crisis del coronavirus ha obligado al Gobierno a decretar el estado de alarma. El viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció esta situación excepcional que ha dado lugar a la aplicación de medidas "drásticas" durante un periodo de 15 días y que, de no cumplirlas, podría costarle al ciudadano una sanción de hasta 600 000 euros.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el presidente dio una comparecencia en la que adelantó algunas de estas medidas que ya están en vigor tras su publicación en el BOE solo unas horas después desde que finalizase la reunión.

Restricción de la movilidad, cierre de negocios o la suspensión de toda actividad educativa son solo algunas de las medidas que los ciudadanos de todo el territorio deberán acatar y por las que velarán las Fuerzas Armadas y las diferentes policías de España. Pero, ¿qué sucede si no se cumplen? ¿Cuáles son las sanciones?

Régimen sancionador

A ello se refiere el artículo 20 del real decreto publicado en el BOE, dedicado, precisamente, al régimen sancionador.

"El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio".

El documento que contiene dicha Ley Orgánica reza así: "Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

La multa podrá llevar aparejada la retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas, la confiscación de los instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción y la clausura de las fábricas, locales o establecimientos hasta seis meses.

Por otro lado, el Código Penal recoge penas de prisión de tres a 18 meses a quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en su artículo 556. En el 550, el mismo texto recoge las penas por atentado contra la autoridad, la resistencia y la desobediencia, lo que incluye "los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo", con penas de cárcel de entre uno y cuatro años de internamiento.