La Fiscalía pide seis años de cárcel para Martagón

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado seis años de cárcel para el ex futbolista y delegado del primer equipo del Sevilla Fútbol Club Juan Martagón por una presunta estafa "piramidal" cometida supuestamente tras no devolver 600.500 euros a una treintena de personas que entregaron dicha cantidad de dinero como parte de una inversión en la que se les prometía una rentabilidad del 20 por ciento.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para el futbolista y para los otros dos acusados, identificados como Adrián Ruiz Moreno y Juan Torres Caballero, seis años de prisión y el pago de una multa de 9.000 euros, así como que indemnicen conjunta y solidariamente a las víctimas en la cantidad supuestamente defraudada. La Fiscalía relata en el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que los acusados constituyeron en 2005 la sociedad 'Consultoría de Estudios Hipotecarios S.L.', a la que unos meses después se asoció Juan Martagón, siendo el objeto social de la misma la "intermediación financiera para conseguir préstamos y créditos hipotecarios".
Entre los años 2005 y 2008, los investigados "fueron captando clientes como inversores directamente, o cuando intermediaban en operaciones financieras que finalmente conseguían, solicitaban al cliente que pidiera más dinero del estrictamente necesario" para invertir esa diferencia en la sociedad "y así obtener una remuneración del 20 por ciento anual de lo invertido".
"Las entregas, que siempre se hacían en metálico por los clientes, eran utilizadas por los acusados en su propio beneficio o se invirtieron en negocios de alto riesgo", asevera el Ministerio Fiscal, que precisa que, "en ocasiones", los investigados "utilizaban la condición de ex jugador del Sevilla de Juan Martagón para dar mayor credibilidad o apariencia de seriedad al negocio".
De esta manera, los acusados "crearon una estructura piramidal, en la que los intereses de los inversores antiguos se abonaban (generalmente en mano y en metálico) con las aportaciones de los nuevos inversores", siendo los encausados "perfectamente conscientes" de que, en caso de que le fueran reclamadas todas las inversiones, "les sería imposible devolverlas tanto por falta de liquidez como porque nunca fue su intención hacerlo", haciendo así "suyas" las aportaciones realizadas.
Durante los referidos años, y según asevera el fiscal, los clientes "estuvieron percibiendo esa alta remuneración prometida, hasta que a mediados de 2008" los encausados "dejaron de pagar los intereses contractualmente pagados, no devolviendo a los inversores el capital invertido", ya que "nunca fue intención de los acusados devolverlo sino incorporarlo ilícitamente en sus respectivos patrimonios".
Así, los investigados se habrían apropiado de un total de 600.500 euros aportados por una treintena de personas.