El Tribunal Supremo anula el PAI de Porxinos

La sentencia que se ha cocinado en el Tribunal Supremo es un palo para el Valencia CF; la sentencia es favorable al colectivo 'Salvem Porxinos' y el TS anula definitivamente la recalificación de los terrenos del Pai de Porxinos y eso podría implicar incluso que el club ché tendría que devolver el dinero que los bancos que en su día les prestó para poder ejecutarlo. Hay que recordar que el Valencia compró y vendió esos terrenos de Ribarroja y por ellos sacó un beneficio de 84 millones de euros, pero ahora esos terrenos están embargados por varias entidades bancarias al quebrar la promotora, Nozar, y se les tiene que devolver a los bancos. 

El nuevo gobierno de Riba-roja, encabezado por alcalde socialista Roberto Raga ya anunció que no aprobará un nuevo PAI si finalmente se produce la anulación del PAI de Porxinos por parte del Tribunal Supremo. Esto implicaría que las tres entidades bancarias (Ibercaja, BBVA y La Caixa), dueñas de los terrenos, podían reclamar al Valencia CF esos 160 millones de euros que pagaron en su día, siempre y cuando el club no hubiera mostrado voluntad negociadora, que no es el caso. El club ché los vendió mediante la empresa Litoral del Este y tras una sucesión de errores en la última década se ha llegado a la actual situación. 
La intención de Raga es la de tratar de incluir Porxinos dentro del Parque Natural del Turia. Si el nuevo consistorio lo consigue, al estar dentro de una reserva natural, parece que estos terrenos quedarían blindados para siempre y evitaría que este proyecto urbanístico viera la luz de nuevo. Una vez recibido el expediente por parte del TS, se ha explicado a los vecinos de Ribarroja la situación del PAI de Porxinos y se llevará ante la justicia y pedirá responsabilidades a las personas que impulsaron este plan. Con todo, 

El Valencia acata la sentencia e insta al diálogo con las partes

El Desmarque buscando una valoración oficial del Valencia CF, puede informar que según fuentes del club, la entidad acata la sentencia del Tribunas Supremo e insta a sentarse en torno a una mesa para dialogar con el consistorio de la localidad, la plataforma 'Salvem Porxinos' y las entidades bancarias, para encontrar una solución en la que tanto Riba-roja, como el club sea beneficiosa para sus intereses.
El Club tenía contemplada esta posibilidad de la sentencia desde hace muchos meses, cuando ya advirtió de la importancia de la contingencia de Porxinos en el proceso de venta. La negociación con parte de los propietarios desarrollada durante dicho proceso de venta atenúa las contingencias pero el Club entiende que se debe abrir un proceso de diálogo y negociación entre todas las partes afectadas por la sentencia judicial: Ayuntamiento, propietarios y el propio Valencia CF para tratar de encontrar la mejor solución de consenso posible.
No hay que olvidar que, técnica y jurídicamente, el Valencia no es el actor responsable de la nulidad de este PAI sino una parte afectada más.

El PAI de Porxinos en cifras

La extinta inmobiliaria Nozar adquirió de 1,6 millones de metros cuadrados de un suelo rústico recalificado mediante un PAI que se aprobó en 2006 para la construcción de casi 3.000 viviendas y en donde iría incrustada la nueva Ciudad Deportiva del Valencia CF por un montante de 160 millones de euros. El presidente ejecutivo, Amadeo Salvo, pactó con el ex alcalde de la Ribarroja, Francisco Tarazona, la aprobación de un nuevo PAI, con las mismas condiciones, si se anulaba el actual, además, de negociar con los tres bancos citados anteriormente, pero con las nuevas informaciones parece que las buenas expectativas que se manejaban, ya no son tantas. 
Por su parte, el Valencia reclamaría 20 millones de euros que pagó en su día al Ayuntamiento de la localidad. Un dinero que el consistorio de la localidad quiere devolver pero tan sólo hacer efectivo el pago de un 20% del total, es decir de unos 5 millones de euros. Pero el Ayuntamiento no puede devolver esos 20 millones porque el anterior alcalde, Francisco Tarazona, indicó que el consistorio ya se ha gastado ese dinero, por lo que le sería imposible devolverlo y quebraría. Si el PAI queda finalmente anulado, de nuevo esos terrenos pasarían a ser agrícolas.