Villar ingresa en prisión con casos Recre, Marino y Haití sin resolver

La operación "Soule", por la que el juez Santiago Pedraz ha ordenado prisión provisional para Ángel María Villar, se solapa con los procedimientos que éste tiene pendientes de resolución en el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), al que tuvo que acudir a declarar como imputado.

Las ayudas presuntamente irregulares a los clubes Marino y Recreativo son el objeto de una de ellas y la posible prevaricación, apropiación indebida y malversación de 1,2 millones de euros de una subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD) dan contenido a la otra.
Ambas denuncias las interpuso Miguel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol), quien pretendía optar a la presidencia federativa en las últimas elecciones de este año aunque no lo hizo "por falta de democracia", y las dos han llevado a la imputación de Villar, además de otros directivos de la RFEF.
El caso del Marino y el Recreativo se centra en un posible trato de favor económico de la RFEF a estos clubes en temporadas previas, para que pudieran continuar en sus categorías respectivas, y obligó a Villar a declarar en el juzgado el pasado 23 de enero.
Tras su declaración, el juez decidió investigar también al exsecretario general de la RFEF Jorge Pérez, el otro aspirante a ser candidato en las últimas elecciones que fue destituido octubre del año pasado y luego despedido, así como a Marcelino Maté, presidente de la Comisión de clubes de Segunda B y miembro de la directiva. Los dos declararon en el juzgado a finales de febrero.
La denuncia por el mal uso de una subvención del CSD concedida en 2010, que preveía, entre otras cosas, la edificación de una escuela de fútbol en Haití (220.000?) que nunca se hizo, obligó a la RFEF a devolver 1,5 millones de euros (incluidos intereses) al organismo, que se lo reclamó tras comprobar que no se empleó en lo previsto.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción se sumó a esta denuncia, que obligó de nuevo a Villar a declarar en el juzgado a principios de este mes, además de la imputación del administrador federativo, José María Castillón, despedido en abril, y del exsecretario general Jorge Pérez.
Otra denuncia anterior contra Villar se saldó sin consecuencias para él, ya que el pasado enero, el mismo juzgado de Majadahonda, rechazó la querella que interpuso también Galán por un "presunto delito de prevaricación por dilatar injustificadamente" las elecciones a la presidencia. Éstas debían haberse celebrado en el año 2016 y se retrasaron hasta el pasado 22 de mayo.
El otro caso sub judice que afecta a la RFEF es consecuencia de estos comicios, en los que Villar fue reelegido para un octavo mandato sin candidato opositor.
La reclamación en la vía contencioso-administrativa la presentó Jorge Pérez por considerar que la elección de los miembros de la Asamblea, mediante voto por correo, fue irregular. Previamente, pero sin éxito, solicitó la suspensión cautelar de las votaciones.
Pero en su longeva presidencia en la RFEF, que se prolonga desde julio de 1988, Villar ya fue objeto de otras investigaciones y denuncias que le llevaron a los juzgados.
El llamado "caso Federación", a comienzos del año 2003 tras el despido del entonces secretario general Gerardo González, surgió por la denuncia en el juzgado de Javier Tebas, que era entonces vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Durante las diligencias previas el juez citó como imputados a los vicepresidentes Juan Padrón -hoy también enviado a prisión preventiva- y Juan Espino -que dimitió en febrero de 2003-, el tesorero y administrador despedido este abril, José María Castillón, y el miembro de la directiva Antonio Borrás.
La instrucción judicial paralizó los procedimientos iniciados entonces desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), que había suspendido la subvención pública a la RFEF durante la presidencia de Juan Antonio Gómez-Angulo (2000-2004). La suspensión del dinero fue mantenida por su sucesor, Jaime Lissavetzky.
En 2007 y con éste en el cargo de secretario de Estado, la RFEF recuperó la subvención porque devolvió los 4,9 millones de euros que no había justificado de los años 2002 y 2003.
A finales de 2012 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura del llamado caso Federación, por entender que los imputados Villar, Padrón y Castillón, entre otros, pudieron utilizar fondos del organismo para costear viajes privados.