Luis Rubiales, en libertad tras prestar declaración: queda a la espera de que la jueza le cite
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Luis Rubiales ha quedado en libertad tras aterrizar en España
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El expresidente prestó declaración ante la Guardia Civil en el mismo aeropuerto
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Luis Rubiales, con problemas económicos
Luis Rubiales ya está en libertad tras llegar a España. Cuando se bajó del avión, varios agentes le esperaban en una furgoneta para llevarle a declarar ante la UCO, según han contando en 'Informativos Telecinco'.
El expresidente prestó declaración ante los agente de la Guardia Civil en dependencias del aeropuerto. Antes de salir de ahí ya quedaba en libertad a la espera de que sea citado por la jueza.
Luis Rubiales queda en libertad
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han practicado la detención nada más aterrizar en la terminal 1 del aeropuerto. Le esperaba una furgoneta del cuerpo en la que ha sido trasladado.
El objeto de la detención es leerle sus derechos, interrogarlo e intervenir sus dispositivos móviles.
Rubiales ha adelantado su viaje de República Dominicana. El exmandatario se ha mostrado colaborativo en todo momento desde que comenzaran los registros en la RFEF y en su casa de Granada. También se desplazaron hasta el domicilio en donde se encontraba hospedado desde hace unas semanas en el país dominicano.
Luis Rubiales tenía previsto volver a España desde República Dominicana el próximo 6 de abril, alegando que se encontraba "a plena y total disposición" del Juzgado y que podría "regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello".
Las medidas económicas
La jueza que investiga irregularidades en contratos vinculados a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales ha bloqueado más de medio centenar de cuentas bancarias a diversos investigados, algunas del expresidente federativo, a quien ha embargado un Mercedes.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) accedió al bloqueo de estos productos financieros a petición de la Guardia Civil y con el objetivo de "garantizar las posibles" responsabilidades económicas derivadas de los delitos que se imputan a los investigados, como administración desleal o corrupción en los negocios.
