El Ayuntamiento recurrirá la sentencia del TSJM

El Ayuntamiento de la capital ha anunciado este martes que va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la reforma del plan urbanístico del Wanda Metropolitano y ha asegurado que trabajará para que el Atlético de Madrid siga jugando en este estadio.
En un breve comunicado remitido a los medios desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible, el Ayuntamiento ha señalado que no es una sentencia firme sino que admite recurso de casación, por lo que la van a recurrir.

"Hay una realidad física y es que el Atleti está allí ya jugando sus partidos y nosotros vamos a trabajar para que siga siendo así, para consolidar su situación y que no tenga que volver al Calderón", ha añadido.

Además, desde el Consistorio han destacado que este caso, relacionado con el área de ordenación especial del Parque Olímpico-sector oeste y el estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas-Canillejas de Madrid, es "un expediente heredado del anterior Gobierno del PP".

La resolución judicial del TSJM estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Señales de Humo contra el acuerdo de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre la citada zona, que afecta al estadio Wanda Metropolitano del Club Atlético de Madrid.

En el procedimiento figuraban como demandados el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y, una vez iniciado, se personó en el mismo el Atlético de Madrid, que se opuso a la demanda planteada por Señales de Humo.

Se trata de una organización independiente fundada en 2002 y formada por seguidores rojiblancos que, según explica en su página web, "pretende defender la esencia del Club Atlético de Madrid de acuerdo con su historia, carácter y afición".

El TSJM considera que existen seis motivos para declarar nula la modificación del Plan de los siete planteados por la asociación recurrente.

Entre los motivos alegados por Señales de Humo en los que se basa el tribunal para declarar la nulidad se encuentra la desafectación de sistemas generales en interés privado y la errónea clasificación del suelo con vulneración de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.