En 2018 llega la hora de rascarse el bolsillo

Más allá del aspecto puramente deportivo, 2018 va a ser un año especialmente oneroso para las arcas del Valencia CF y el bolsillo de Peter Lim. No en vano, el máximo accionista tiene ante sí cuatro frentes que le obligarán de nuevo a dar un paso al frente a la entidad y, por ende, a su máximo accionista. A lo largo de los próximos doce meses, el club deberá hacer frente a dos de los préstamos que tiene pendiente la entidad, así como afrontar los problemas en forma de multas y pagos de Bruselas y Porxinos, y, por supuesto, los gastos que genere la puesta en marcha del Nuevo Estadio del Valencia.

1 El préstamo 

A 30 de junio de 2018 Peter Lim, máximo accionista del Valencia, tendrá que volver a ingresar dinero en la entidad. No en vano, ese día, el club tiene pendiente el pago del primer plazo de los préstamos pendientes. Hay que empezar a devolver deuda a los bancos. Por un lado, vence el primer plazo por importe de 14 millones a favor de Bankia (del préstamo de 155 millones). Por otro, otro plazo de 1.5 millones de una póliza de 20 con Caixabank.

2 El Nuevo Estadio

El Valencia anunció el 3 de octubre el comienzo, junto con el ayuntamiento de València, del proceso de tramitación de las licencias necesarias para la finalización del nuevo Mestalla. Cinco días antes de aquel anuncio el presidente del club, Anil Murthy, se reunió con el alcalde Joan Ribó, para comunicarle que la entidad respetaría sus obligaciones respecto a los plazos estipulados en la Actuación Territorial Estratégica (ATE).
En esos plazos se estipula que el Valencia deberá acabar el nuevo estadio antes de mayo de 2021 y, además, se compromete a derribar el viejo Mestalla como fecha límite en 2023. La pelota está en el tejado del Ayuntamiento que ya tramita las nueves licencias. Si las concediera antes de que finalice 2018, el Valencia debería mover ficha en la reanudación de las obras. 
 

3 Porxinos

El asunto de Porxinos se pone crudo. El Valencia ha retirado su demanda para modificarla, con lo que el pleito se prevé que pueda alargarse en el tiempo muchos meses e incluso años.
En el caso del fracasado intento de construcción de una nueva ciudad deportiva en la partida de Porxinos, en Riba-roja del Túria, la empresa Litoral del Este, promotora del proyecto por parte del club, acometió un proceso judicial contra el ayuntamiento de esta localidad en el que le solicitaba veinticinco millones de euros.
En una comparecencia en diciembre ante los medios, el director general de la entidad, Mateu Alemany, indicó que el Valencia tenía previsto modificar la estrategia judicial desarrollada hasta la fecha para la reclamación de esa cantidad al considerar que tras el fallido PAI de Porxinos hubo un perjuicio para el club.
Todo este contencioso se remonta a 2005, cuando el Valencia, a través de Litoral del Este, promovió un plan de actuación integrada (PAI) para construir 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre un área de 1'2 millones de metros.
Sin embargo, tras muchos problemas en el camino, en abril de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV) declaró nulo el PAI de Porxinos y en junio de 2015 el Tribunal Supremo ratificaba esta anulación. ¿Será 2018 el año en el que se conozca la sentencia definitiva?

4 La Multa de Bruselas

Además, en el horizonte valencianista también se encuentra la sanción de 23,3 millones de euros que le impuso la Unión Europea (UE) al club, que fue dada a conocer en julio de 2016 y que actualmente está suspendida cautelarmente.
A lo largo de 2017 no se han producido novedades, y aunque el Valencia esperaba que se conociera la decisión definitiva, interpreta el silencio como algo positivo. En el club confían en que se reducirá ese importe, si es que la suspensión cautelar no pasa a ser definitiva para evitar abonar cantidad alguna, al considerar que en ningún caso recibió ayudas estatales.
Pase lo que pase, tanto en 2016 como en 2017 el club ha aprovisionado 23,3 millones de euros en su presupuesto ante la posibilidad de tener que abonar la cantidad reclamada por la Comisión. Y lo que parece claro es que en 2018 se debe conocer ya si el Valencia debe o no pagar esos intereses extras por el préstamo que recibió la Fundación.